Ayuntamiento puede multar al gobierno estatal: David Méndez

Fuente: Periódico Uno más Uno

Samanta Páez
El Ayuntamiento de Puebla podría multar al gobierno del estado, como a cualquier ciudadano, por iniciar las obras del teleférico sin licencia de uso de suelo ni permisos de obra mayor, pero esperarán la decisión del juez federal respecto al tema, manifestó el regidor David Méndez Márquez.

El presidente de la Comisión de Obra Pública señaló en una entrevista que el gobierno municipal incluso tiene facultades de demoler las torres que se edificaron para el teleférico, ya que eso se hace generalmente cuando cualquier particular inicia una construcción sin los permisos adecuados.

Sin embargo, dijo que esperarán la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito para saber de qué forma procederán, si se hará una suspensión definitiva, si se demolerán los trabajos o si se aplican multas al gobierno estatal por no contar con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia ni con los del municipio de Puebla.

Respecto a que si podría haber sanciones contra el Ayuntamiento por omisión en el caso de la destrucción de la Casa del Torno, en el barrio del Artista, Méndez Márquez sostuvo que sí es posible que se finquen responsabilidades contra la autoridad encargada de revisar las obras, en este caso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Agregó que, independientemente de las determinaciones que tomen las autoridades federales y de la supervisión que debió haber hecho el INAH estatal, le correspondía al Ayuntamiento evitar que se hiciera el proyecto mencionado.

“El proceso judicial que se inició en contra del estado por la afectación al patrimonio es una llamada de atención a todas las instancias que no detuvieron las obras a tiempo, como el INAH Puebla, el mismo Ayuntamiento por ser tolerante”, manifestó el regidor.

En ese mismo sentido, expuso que lo que procede ahora ante lo avanzado de los trabajos sería esperar la audiencia constitucional del juez, para entonces tomar una resolución definitiva y se finquen responsabilidades con base en la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos.